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Mucho antes de la existencia del ICTJ, las sociedades de todo el mundo ya lidiaban con los dilemas de justicia derivados de los conflictos violentos, y las víctimas, las comunidades y sus líderes valientes encontraban sus propias respuestas. Lo que faltaba era un espacio donde las personas que habían participado en esas diversas experiencias pudieran reunirse, compartir conocimientos y lecciones, y construir una comunidad para responder conjuntamente a los desafíos cambiantes en materia de justicia y paz. En 2001, el ICTJ se creó para ser ese espacio y para impulsar un esfuerzo colectivo que abordara las violaciones masivas de los derechos humanos y construyera un futuro pacífico, inclusivo y justo.

Más de 100 representantes de organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas, instituciones gubernamentales y misiones diplomáticas se reunieron recientemente en Addis Abeba para debatir cómo debería ser un proceso de justicia transicional inclusivo en Etiopía. Los participantes analizaron las mejores prácticas, los enfoques locales y los desafíos persistentes para garantizar que las personas más afectadas por la injusticia desempeñen un papel central en cualquier proceso diseñado para abordarla.

En Chad, el Acuerdo de Paz de Doha de 2022 y los subsiguientes debates nacionales sobre la reconciliación han brindado una oportunidad única para que los chadianos afronten las consecuencias de las violaciones de derechos humanos del pasado. Durante los últimos meses, el ICTJ ha estado evaluando si esta oportunidad podría constituir un punto de partida viable para la justicia transicional en el país.

El conflicto devastador en Sudán ya va en su cuarto año, y centrar las prioridades de las víctimas y la población civil sudanesa es fundamental para poner fin a la violencia y construir una paz duradera. En este contexto, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y el Gobierno de los Países Bajos organizan hoy en La Haya una mesa redonda sobre políticas para promover una justicia centrada en las víctimas y lograr una paz duradera en Sudán.

En una entrevista publicada originalmente en "El Espectador", María Camila Moreno, del ICTJ, analiza las primeras decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, las obligaciones del Estado para implementarlas y el lugar vital de la justicia restaurativa para una paz duradera.

En las últimas décadas, se ha reconocido cada vez más la relación entre los conflictos violentos y el medio ambiente. La guerra puede causar graves daños a los ecosistemas, y la escasez de recursos puede ser un factor determinante en los conflictos. Si bien el panorama actual para la integración de las cuestiones ambientales en los esfuerzos de consolidación de la paz puede parecer desalentador, existen motivos para la esperanza.

Víctimas, defensores de la sociedad civil, legisladores y socios se reunieron recientemente en una mesa redonda de alto nivel sobre la integración de la salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) en el proceso de justicia transicional de Etiopía. La reunión, organizada por el ICTJ y el Centro de Incidencia Política para la Democracia y el Desarrollo, ofreció un espacio para que los participantes debatieran la necesidad de la SMAPS y cómo mejorar el acceso a ella en todo el país.

El ICTJ aboga firmemente por una visión integral de justicia transicional para Ucrania como parte de sus actividades programáticas. La directora del programa del ICTJ para Ucrania, Kateryna Busol, lidera este trabajo y es la autora del nuevo informe "Mitos y caminos a seguir: Justicia transicional para Ucrania". En esta entrevista, Busol analiza el camino hacia una justicia integral para el país.